La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso ha publicado el Proyecto de Ley No. 4333/2018-CR mediante el cual se propone la creación de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación (“Ley de Telecomunicaciones”) que se adecue a los nuevos avances tecnológicas y la nueva estructura de mercado de telecomunicaciones en el país. Si bien es cierto es importante que exista un marco normativo que avance a la misma velocidad de la industria y sirva como vehículo para incentivar una mayor inversión y cierre de brechas digitales en el país, no hay nada más peligroso que legislar sin conocer sobre la materia y sin buscar asesores técnicos que conozcan cómo es que se desenvuelve un mercado tan complejo. Prueba de esto último son algunas propuestas que plantea esta nueva Ley de Telecomunicaciones y que ya vienen generando polémica en el sector por su falta de utilidad: un nuevo régimen de infracciones y el alza del aporte por regulación al OSIPTEL.  Algunos otros puntos que llaman la atención de la norma es la promoción y el incentivo de “ciudades inteligentes y sostenibles” en el Perú o que no se establezca ningún incentivo para el despliegue de infraestructura en zonas rurales.

Incremento de las multas ante la nueva ley de telecomunicaciones

La propuesta nueva Ley de Telecomunicaciones presentada por el Congresista Monterola plantea que todas aquellas empresas que hayan generado ingresos podrían pagar multas en base a un porcentaje de los mismos. Esto quiere decir que el régimen anterior que incluía sanciones fijas en base a montos ya aprobados sería cambiado por uno en el que a mayores ingresos por parte de la empresa operadora, mayor sería la multa a pagar. La exposición de motivos del proyecto tiene como sustento de esta propuesta el incremento progresivo de los ingresos promedio dentro del sector desde el 2010 hasta el 2017, lo que ha generado que las multas existentes actualmente no sean lo suficientemente disuasivas. 

Como en muchos casos, nuevamente vemos como el sustento para una modificación tan sustancial e importante no tiene un sustento sólido basado en evidencia y sólo toma en cuenta un gráfico con información de ingresos reportados por cada empresa operadora. No se ha profundizado sobre los mayores costos que implican hoy en día la operación de un negocio de telecomunicaciones ni la caída en ganancias que ha sufrido el sector en los últimos dos años, ni tampoco en el impacto que una medida como esta podría tener para el cliente final. Basar el monto que cada empresa operadora pagará en base a la cantidad de ingresos no sólo requiere mayor estudio y análisis de impacto regulatorio, sino que establece una diferenciación que no parece tener mucho sentido, ¿porqué la empresa que generó mayores ingresos (y esto puede darse por muchos factores) debe pagar más que la que cometió la misma infracción pero que no generó tantos ingresos? Tampoco toma en cuenta la gran diferencia que existe entre el monto de las multas para aquellas empresas que no generan ingresos y que mantendrían el mismo esquema de montos fijos basados en la UIT y aquellas que sí generan ingresos y que estarían sujetas al nuevo régimen. 

Al ser esta una medida que parece ser poco razonable, consideramos necesario que se revise y ajuste una vez que el proyecto sea discutido a nivel de comisión, para no cometer el mismo error de regular e imponer medidas que no van a conseguir el resultado que se busca obtener, sino que por el contrario en este caso podrían generar desincentivos a la inversión y para generar eficiencias en la operación de cualquier empresa.

Mayores aportes para OSIPTEL 

Otra propuesta polémica del proyecto de la nueva Ley de Telecomunicaciones es el incremento de 0.5% a 0.75% del aporte por regulación a OSIPTEL, el mismo que se compone de los ingresos anuales facturados y percibidos por la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. El sustento de esta medida es que el actual modo de financiamiento del regulador le deja la sensación de que “no tiene suficientes recursos y no pude gestionar sus fondos con libertad”. Es decir, el regulador requiere de mayor presupuesto para llevar a cabo sus funciones y se busca que las empresas operadoras contribuyan con dicho fin. Lo que no parece tomar en cuenta la propuesta es que trasladar al incremento en el presupuesto del OSIPTEL a los operadores a través del aporte por regulación podría generar que éstas a su vez trasladen dicho incremento a los usuarios finales, incrementando las tarifas de los planes comerciales. Nuevamente se busca una salida simple y poco analizada a un problema identificado por nuestros Congresistas. Si es que el OSIPTEL realmente requiere de mayor presupuesto para financiar sus funciones como regulador, se debe buscar la manera más idónea para dotar al regulador de un mayor presupuesto y no sólo buscar que sean los propios operadores los que incrementen el monto de sus contribuciones. 

La exposición de motivos de la propuesta debería analizar con mayor profundidad no sólo el tema presupuestario del regulador, sino cuál es el papel de OSIPTEL en el mercado de las telecomunicaciones y qué recomendaciones de la OCDE se deben adoptar para que el sector sea beneficioso para todos los peruanos y qué funciones debe cumplir el OSIPTEL para coadyuvar a dicho objetivo. 

Debate ante la nueva Ley de Telecomunicaciones

Es muy importante que desde el Congreso se haya detectado la necesidad de impulsar nada más y nada menos que una nueva Ley de Telecomunicaciones que se adapte a las nuevas tecnologías y la evolución del mercado en el país. Dar un paso tan grande como este amerita que no sólo el Congreso sino todos los actores del sector se involucren en la discusión y los aportes de todos sean tomados en cuenta. Sólo a través del consenso entre sectores público y privado y lo que cada uno puede aportar desde su experiencia y conocimiento se obtendrá una propuesta legislativa que realmente signifique un antes y un después en la industria de la tecnología y las telecomunicaciones. No servirá de nada promulgar una nueva Ley de Telecomunicaciones que sólo incorpore cambios mínimos a la anterior, y peor aun que dichos cambios se propongan sin haber hecho el análisis detallado que corresponde. Una nueva Ley de Telecomunicaciones podría abrir el camino para conectar a los peruanos de las zonas más alejadas del país y a incentivar el uso de las tecnologías de la información en todos los sectores de la industria, no desaprovechemos la oportunidad. 

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