Llevar los servicios de telecomunicaciones de manera asequible a los lugares más remotos del país es uno de los principales retos del estado. OSIPTEL, el regulador de las telecomunicaciones, estima que el 63 % de los centros poblados a nivel nacional no accede hoy a servicios públicos de telefonía móvil.  

En el 2013, el regulador creó la figura de los operadores de infraestructura móvil rural (OIMR) para cerrar esta brecha de cobertura móvil en zonas rurales.  Los OIMR despliegan infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales para transportar las señales de operadores como Movistar, Claro, Entel y Bitel,  que no tienen cobertura en esas localidades remotas. Así actúan como una extensión de la red de operadores.

¿Qué deben hacer los operadores ante esta problemática?

La lógica es que los OIMR, sin tener que hacer inversiones sustanciales para adquirir espectro, puedan llevar y desarrollar mercados de servicios móviles en zonas rurales. Hoy la normativa para implementar la OIMR está incompleta y, aun estando completa, queda por determinarse la viabilidad comercial de los OIMR.    

La principal complejidad de esta estructura es que la OIMR, en su gran mayoría, utilizan enlaces satelitales para llegar a las localidades rurales. El costo satelital (para un número menor de torres) podría hacer que el costo de conectar llamadas sea mayor que los costos que actualmente pagan los operadores móviles entre ellos (cargos de interconexión). El costo satelital podría diluirse en la medida en que la OIMR, puedan entrar en acuerdos con los operadores que les permitan desplegar una importante de torres, y así generar economías de escala.        

También existe incertidumbre de cómo se comportarán estas redes rurales; es decir, si son redes en las que se harán o se recibirán más llamadas. Esto podría afectar para bien o para mal, los ingresos de los OIMR con base en los convenios comerciales acordados con los operadores a los que sirven.      

Finalmente, de poco servirá que el OIMR brinde cobertura en la zona rural si no cuenta con canales de distribución eficientes para que sus usuarios puedan comprar servicios o recargas en la localidad.    

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